Menu
En términos generales, las políticas públicas son respuestas –preferentemente construidas en un diálogo entre Estado y sociedad– que buscan afectar contextos y condiciones de los grupos poblacionales en territorios definidos de manera pertinente y oportuna a fin, no solo de entregar una serie de bienes y servicios, sino y fundamentalmente afectar comportamientos individuales y colectivos que conduzcan a superar los diferentes y complejos problemas públicos.
La construcción e implementación de políticas que pretendan tener en cuenta aspiraciones ciudadanas no solo deberán contar con condiciones de estabilidad, adaptabilidad, coherencia, coordinación y eficiencia sino, además, una verdadera orientación hacia el interés público, a fin de promover el bienestar general y afectar niveles de desigualdad.
Para muchos, en el momento de implementación, las políticas se acercan a la posibilidad real de generar una serie de transformaciones o impactos. Desde una lógica generadora de valor y considerando una perspectiva gerencial y estratégica, se requiere resaltar dos consideraciones: en primer lugar, la implementación abre oportunidades para sumar valor a las políticas y, en segundo, supone lógicamente una interacción estratégica entre actores que tienen distintos valores, visiones e intereses. En relación al primer aspecto, Juan Carlos Cortázar (2006, pp.6-7) plantea que los procesos de implementación constituyen oportunidades para generar valor público si son efectivamente aprovechados por los gerentes o actores (sociales y políticos) involucrados en el mismo y si estos piensan y actúan estratégicamente. En cuanto al segundo aspecto, la interacción estratégica entre los actores es realmente compleja pues, en la mayor parte de los casos, buscan que sus valores, visiones e intereses prevalezcan sobre los demás, viéndose obligados a cooperar –en algunos casos– o intentar imponer sus condiciones cuando lo anterior no se logra, volviéndose el proceso de toma de decisiones, así, cada vez más lento y difícil. De allí que un abordaje tradicional, mecanicista y estático de la implementación impedirá que las políticas públicas favorezcan la generación de valor público y contemplen las aspiraciones ciudadanas (Monteoliva, 2010).
El transporte público urbano tiene como objetivo principal garantizar la movilidad de las personas a todos los puntos de la ciudad, cumpliendo determinados patrones de comodidad, rapidez, seguridad y costo. El transporte público desempeña un papel crucial en la sociedad por contribuir de manera significativa con la movilidad sostenible en ciudades y regiones. El cambio modal en favor del transporte público aportaría una serie de ventajas sociales importantes, entre las que se cuentan menor congestión y cantidad de emisiones, disminución del riesgo de accidentes y mayor ahorro energético.
El transporte público también puede ser beneficioso para los ciudadanos, principalmente por mejorar las opciones de transporte, ahorrar costos y cubrir las necesidades de movilidad básicas, en particular de las personas que no conducen. Además de sus ventajas directas, el transporte público tiene múltiples efectos positivos indirectos, como fomentar el desarrollo económico, aumentar el valor de los bienes inmuebles o favorecer pautas más eficaces de uso del suelo. La tendencia a largo plazo en los modelos orientados a la primacía del transporte privado lleva a que la cuota modal del transporte público sea cada vez menor.
principales desafíos para la movilidad urbana en Colombia desde la perspectiva del desarrollo En cuanto al desarrollo conceptual Es importante señalar que el fenómeno de urbanización del mundo seguirá.
Más del 50% de la población de la Tierra vive en ciudades, y la tendencia es al aumento. En ese sentido, las necesidades de desplazamiento de las personas y de las mercancías se incrementarán también. El transporte, entonces, fue un factor determinante para la planeación y gestión de las ciudades en el momento en que tenían dinámicas determinadas por la relación origen-destino y la infraestructura para conectar uno y otro. Sin embargo, el concepto de movilidad surge en la medida en los desafíos urbanos incluyeron un número amplio de variables que buscaban garantizar el acceso al extenso y democrático espacio urbano.
Ahora bien, partiendo de que las ciudades de América Latina se enmarcan en procesos de desarrollo similares, estas han recorrido caminos muy parecidos en el tránsito del transporte a la movilidad.
Las dificultades técnicas, políticas, administrativas y culturales han sido determinantes para que el proceso haya sido caótico y los resultados no sean aún los esperados. En el caso de Bogotá, la ciudad es un claro ejemplo de cómo el transporte estuvo presente a lo largo de su historia. Así mismo, refleja las dificultades para incorporar a la movilidad como eje transversal del desarrollo urbano. El modelo que presenta el Plan Maestro de Movilidad es un collage de intenciones que pretenden abarcar el mayor número de variables posibles, con el fin de responder a las futuras necesidades de sus
habitantes. Sin embargo, se plantean tantos frentes simultáneos y tantos
megaproyectos que, a partir de la historia reciente de la ciudad, no se ven caminos claros para ponerlos en marcha.
Finalmente, el paso del transporte a la movilidad no es simplemente una cuestión conceptual o técnica. Es la transformación de cómo se ven, se abordan y se entienden las soluciones dentro de unas dinámicas urbanas complejas.
